Amazon y MercadoLibre operan con prácticas abusivas en México

Los expertos reconocen que estas empresas transnacionales, banderas de la economía digital, aprovechan los vacíos legales y la falta de supervisión de las autoridades, mientras cabildean para minimizar las regulaciones que pudieran limitar su actuación.

“La tendencia es bastante clara: prácticamente todos los términos y condiciones de los grandes proveedores son muy similares porque se protegen ellos muy bien, no dejan un espacio a la luz, y donde no son responsables por nada. Es algo que viene sucediendo desde que tenemos la existencia del gran poderío tanto de los jugadores en internet de e-commerce, de redes sociales y demás”, dijo Joel Gómez Treviño, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático.

Un problema de fondo

Si bien existen disposiciones para el comercio electrónico en el Código de Comercio y la Ley Federal de Protección al Consumidor, las autoridades no están facultadas a registrar y revisar la legalidad de los términos y condiciones de estas firmas.

“La legislación respecto de comercio electrónico no es amplia y al día de hoy no existe obligación expresa de registro de los modelos de contrato de adhesión que utilicen los proveedores que se dedican a comercializar este tipo de servicios ante esta Procuraduría”, consignó Gerardo Fuentes Medina, director de Contratos de Adhesión en la Profeco, en el análisis de los términos y condiciones de MercadoLibre, realizado el año pasado y del cual El Economista tiene copia.

La permisividad evidencia además que el marco legal quedó desfasado, dijo Joel Gómez Treviño, también coordinador del Comité de Derecho de las TICS y Datos Personales de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, entrevistado para comentar sobre el tema. Este desfase deriva en acciones abusivas y poco claras por parte de las firmas de comercio electrónico, y la minimización de la defensa de los usuarios (tanto vendedores como compradores). Por ejemplo, Amazon establece que cualquier proceso de arbitraje se dirimirá en Seattle, en el estado de Washington, fuera de la jurisdicción mexicana.

Gómez Treviño resaltó además que los castigos planteados en la Ley no son suficientes para que las empresas eviten las prácticas abusivas. Para muchas compañías, aseguró, es más fácil pagar la multa que cumplir con la ley. “Estas compañías con tanto poderío económico también tienen un poderío de lobbying que no tiene el consumidor. Tienen despachos de abogados especialistas que están haciendo lobbying todo el tiempo para que las decisiones de las autoridades les sean favorables”, dijo.

Gómez Treviño ve necesaria una modificación al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor e incrementar las multas, a fin de generar un mecanismo “que invite a cumplir con lo que la Ley señala”. También sugiere la creación de una norma que haga obligatorios los registros de contratos de adhesión para que la Profeco determine su legalidad.

“Hay una defensa muy común desde la trinchera de los marketplaces. El argumento es trillado y es usado siempre: ‘No pongamos barreras al comercio electrónico, no sobrerregulemos porque se va a desincentivar el comercio electrónico’. Siempre existe esta argumentación por el lado de las empresas, algo con lo que yo pudiera estar parcialmente de acuerdo siempre y cuando actuaran conforme a derecho”, dijo.

[Fragmento de la entrevista que El Economista realizó a Joel Gómez Treviño, publicada el 28 de marzo de 2017. Ver nota completa en este enlace.]